Políticas ambientales en las que el sector infraestructura de transporte juega un especial papel

Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (PNGIBSEPNGIBSE Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos)

Formulada por MinambienteMinambiente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2012. La PNGIBSE plantea un cambio significativo en la forma de gestión de la biodiversidad, de tal forma que permita el manejo integral de sistemas ecológicos y sociales íntimamente relacionados, así como la conservación de la biodiversidad en un sentido amplio, es decir, entendida como el resultado de una interacción entre sistemas de preservación, restauración, uso sostenible y construcción de conocimiento e información. La Política reconoce el carácter estratégico de la biodiversidad como fuente principal, base y garantía del suministro de servicios ecosistémicos, indispensables para el desarrollo del país, como base de nuestra competitividad y como parte fundamental del bienestar de la sociedad colombiana. Resalta la necesidad de mejorar la comunicación, cooperación y corresponsabilidad entre los actores que tienen a su cargo, en diferente grado, la biodiversidad del país.

La Política identifica como uno de los siete grupos principales de actores que juegan un papel fundamental en su implementación a escala nacional, regional, local y en escenarios transfronterizos, a la infraestructura vial y portuaria, que hace parte de los usuarios directos de la biodiversidad.

Identifica al desarrollo de la infraestructura como uno de los principales motores directos de transformación y pérdida de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, debido a la afectación de ecosistemas y hábitats naturales. Asegura que el desarrollo de infraestructura vial y portuaria ha ocasionado profundas transformaciones a causa de la disección, la deforestación y la posterior colonización de áreas. En la Amazonia, por ejemplo, la distancia a las vías aparece como una variable importante para explicar el patrón de transformación, mostrando correlación positiva entre presencia de vías y la deforestación para propósitos agropecuarios comerciales e intensivos.

Resalta la importancia de que los instrumentos de planificación sectorial se articulen y armonicen con los objetivos de esta Política.

Política nacional de cambio climático (PNCCPNCC Política nacional de cambio climático)

Formulada por Minambiente en 2016. Tiene como objetivo incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que este genera. Señala que afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que conlleva el cambio climático requiere de arreglos institucionales, normativos y de política pública que orienten y generen sinergias entre los tomadores de decisiones.

La Política propone que la gestión del cambio climático se oriente a alcanzar metas de adaptación y mitigación de corto, mediano y largo plazo; y, en consecuencia, define las instancias y los mecanismos para su adopción, distribución y evaluación en los ámbitos nacional, sectorial y territorial.

El ciclo de planificación para el cumplimiento de la PNCC prevé la formulación de Planes integrales de gestión del cambio climático sectoriales, que establecen las contribuciones de cada sector para alcanzar la meta que cada gobierno se compromete alcanzar en términos de la reducción de emisiones de GEIGEI Gases de Efecto Invernadero. Como parte del respectivo plan nacional de desarrollo, se establecerá la meta sectorial de corto plazo de emisiones, concordante con las metas de crecimiento económico y metas de crecimiento verde y que se soporta en esfuerzos de mitigación propuestos por, entre otros ministerios, el de Transporte.

Para conformar una política efectiva que influya en la toma de decisiones sectoriales, del desarrollo y de la planificación del territorio, para avanzar hacia una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, la Política establece 5 líneas estratégicas, de las cuales dos son sectoriales y una de ellas está expresamente dirigida a infraestructura de transporte y grandes obras de regulación hídrica.

La infraestructura de transporte aledaña o en zonas boscosas facilita el acceso y aumenta el riesgo por deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. Por ello la Política afirma que la gestión del cambio climático para lograr un desarrollo de infraestructura de transporte bajo en carbono y resiliente al clima estará orientada a incidir en las instancias de planificación, diseño, construcción, administración y mantenimiento para disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura existente y nueva ante el cambio climático y minimizar las emisiones directas generadas por la movilización de carga y pasajeros a través de las mismas, así como las emisiones indirectas como motor de deforestación. Para alcanzar los anteriores objetivos, la estrategia aborda las siguientes temáticas: la adaptación al cambio climático de la red de infraestructura de transporte, así como del sistema biofísico de soporte, la reducción de emisiones directas por quema de combustible fósil por el transporte en la red, así como las emisiones directas e indirectas por deforestación en ecosistemas boscosos en su zona de influencia.

Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques

Establecida mediante documento ConpesCONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social 4021. Esta política tiene como objetivo implementar estrategias transectoriales para el control de la deforestación y la gestión de los bosques para impulsar el uso sostenible del capital natural, la economía forestal y el desarrollo comunitario en los Núcleos de Alta Deforestación (NADNAD Núcleos de Alta Deforestación). Su tercer objetivo específico está orientado a fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, investigación y judicialización para mejorar el control de las economías ilegales que promueven la deforestación.

La Política señala que la deforestación es uno de los principales problemas ambientales que aquejan al país y que tiene sus raíces en conflictos de orden socioeconómico en zonas con baja presencia estatal y apartadas, acentuados por factores como el crecimiento demográfico y el aumento de, entre otras actividades, la expansión de la infraestructura de transporte (vías informales e incluso formales).

El plan de acción de la política prevé la ejecución de un conjunto de líneas de acción directamente relacionadas con el sector transporte, entre ellas:

i) Generar capacidades técnicas para desarrollar instrumentos de planificación y ordenación sectorial que eviten deforestación, en particular, el Ministerio de Transporte acompañado por el Instituto Nacional de Vías y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, implementará los lineamientos de infraestructura verde, ajustará los instrumentos sectoriales en los que se puedan incorporar dichos lineamientos e implementará un proyecto piloto que vincule los lineamientos de infraestructura verde vial con el fin de evaluar su aplicabilidad, así mismo formulará e implementará el Plan Amazónico de Transporte Intermodal Sostenible (PATISPATIS Plan Amazónico de Transporte Intermodal Sostenible), para lo cual se conformará una instancia interinstitucional encargada del seguimiento a su formulación, se adelantará su estructuración y adopción formal, y desarrollará un proyecto piloto de infraestructura de transporte intermodal sostenible con criterios de no deforestación y mínimo impacto ambiental en su implementación.

ii) Implementar acciones de control a economías ilegales impulsoras de deforestación, para lo cual el Ministerio de Transporte, InviasInvias Instituto Nacional de Vías, Aerocivil, el Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación e IdeamIDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, con el liderazgo de Minambiente, constituirán una mesa interinstitucional que genere recomendaciones para el manejo y gestión de la problemática de accesos terrestres y pistas aéreas ilegales, que han sido construidos sin instrumentos de manejo ambiental, con el fin de contrarrestar los efectos de deforestación asociados a las vías y pistas aéreas informales, infraestructura que en muchos casos está relacionada a actividades ilegales o no reglamentadas. Esta acción comprende la identificación de la infraestructura vial y de pistas aéreas ilegales que inciden en la pérdida de bosque y el desarrollo de las recomendaciones que serán presentadas ante ConaldefCONALDEF Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación.

Política nacional para la gestión integral del recurso hídrico (PNGIRHPNGIRH Política nacional para la gestión integral del recurso hídrico)

Formulada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 2010. Tiene como objetivo orientar la planificación, administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico a nivel nacional bajo un criterio de gestión integral del mismo.

Una de las preocupaciones que señala la política y que se ha venido incrementando es la proliferación de ejecución de proyectos de infraestructura y de desarrollo económico (v. g. mineros, petroleros, agrícolas, viales) en zonas estratégicas para la conservación del recurso hídrico y la protección de cuencas.

Buscando el cumplimiento de sus objetivos, la PNGIRH plantea un conjunto de estrategias, dos de las cuales están relacionadas con la gestión institucional de los sectores productivos y de servicios, entre ellos el de infraestructura de transporte: por una parte la generación y divulgación de información y conocimiento sobre riesgos que afecten la oferta y disponibilidad hídrica, la cual prevé el inventario y la identificación de riesgos que afecten la disponibilidad hídrica por amenazas antrópicas, y por otra, Incorporación de la gestión de los riesgos asociados a la disponibilidad y oferta del recurso hídrico en los instrumentos de planificación, que propone incorporar la gestión de los riesgos asociados a la oferta y a la disponibilidad hídrica en los planes estratégicos y de acción de los principales sectores productivos usuarios del recurso hídrico.