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diciembre 13, 2019

Persecución conjunta de aserradores ilegales y biopiratas, una de las tareas inmediatas del Plan de Acción del Pacto de Leticia por la Amazonía

Persecución conjunta de aserradores ilegales y biopiratas, una de las tareas inmediatas del Plan de Acción del Pacto de Leticia por la Amazonía

Bogotá, 13 de diciembre de 2019. MADS-. Como parte de las 52 acciones estratégicas definidas para cumplir con el objetivo del Pacto de Leticia por la Amazonía, los países firmantes, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, acordaron responder sin dilación a los requerimientos de información, por parte de autoridades judiciales a un lado y otro de la frontera, que conduzca a las capturas de quienes cometan delitos vinculados con el medio ambiente en la región amazónica.

Así se desprende del documento presentado esta semana en el marco de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP25), realizada en Madrid, por los delegados de los siete países firmantes.

El Plan de Acción, que desagrega en tareas concretas los 16 mandatos del Pacto, señala que las respectivas autoridades atenderán de manera inmediata “bajo los principios de legalidad, prontitud, oportunidad y buena fe, las solicitudes de cooperación de los operadores de justicia para investigar y procesar delitos contra la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la tala ilegal, el tráfico ilícito de flora y fauna silvestre y su repatriación, biopiratería y otros delitos”.

Así mismo, se prevén mecanismos para colaborar estrechamente y fortalecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades nacionales responsables de la prevención, investigación, persecución y sanción de actividades ilegales y delitos ambientales, incluyendo el intercambio, en lo posible de forma virtual inmediata, de información sobre organizaciones criminales transnacionales.

Como complemento, los países firmantes ya tienen su hoja de ruta para promover emprendimientos económicos alternativos con el fin de combatir las actividades ilegales en la Amazonía, regular las actividades forestales legales y formalizar las actividades mineras en la región bajo criterio de sostenibilidad, y respetando las legislaciones ambientales de las naciones.