Comunicado a la opinión pública

Bogotá, 27 de agosto de 2025 (@MinAmbienteCo). – En atención a las inquietudes y versiones difundidas en medios de comunicación sobre el incidente de desacato relacionado con el proceso de delimitación del páramo de Almorzadero, decidido en primera instancia por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga (Santander), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se permite precisar lo siguiente:
• La multa impuesta proviene de un incidente de desacato, una medida de carácter procesal prevista en el Decreto 2591 de 1991. Su finalidad es garantizar el cumplimiento de una tutela, no castigar a personas ni generar antecedentes disciplinarios o penales. En este sentido, no se trata de una sanción personal contra la ministra Irene Vélez Torres.
• El incidente de desacato que dio lugar a la multa se atribuye al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya representación legal ostenta actualmente la ministra Irene Vélez Torres. La orden presuntamente incumplida provino de una decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga en 2019, cuando el Ministerio estaba a cargo de Ricardo Lozano Picón. Esa decisión exigía expedir en un año una nueva resolución de delimitación del páramo de Almorzadero con participación ciudadana (en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017). En consecuencia, la medida no corresponde a un presunto incumplimiento personal de la ministra Irene Vélez Torres, sino a una responsabilidad institucional acumulada que ha atravesado varias administraciones.
• La decisión judicial de primera instancia no está en firme. Se encuentra en grado jurisdiccional de consulta ante Tribunal Superior de Bucaramanga (en efecto suspensivo), lo que significa que la medida será evaluada por el superior jerárquico. Este Ministerio aportará las pruebas necesarias para demostrar los avances que el equipo técnico ha tenido en este proceso estratégico para delimitar con criterios técnicos, económicos y sociales nuestros paramos que son el gran capital natural de la nación.
Este caso refleja una deuda histórica del Estado en la protección y delimitación de los páramos. Frente a ello, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reitera su compromiso con el cumplimiento integral de las decisiones judiciales y con avanzar en un proceso de delimitación legítimo, participativo y sostenible, que garantice la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades involucradas.