• El Ministerio de Ambiente ha adelantado un proceso continuo, transparente y ajustado a derecho en la reglamentación de la Ley 2173 de 2021, garantizando la participación ciudadana y la solidez jurídica del acto normativo.
• Con el fin de fortalecer la transparencia y la legitimidad del proceso, se realizó una segunda publicación del proyecto de resolución, que permitió analizar más de 1.700 comentarios provenientes de ciudadanía, entidades y sectores productivos. Esta segunda publicación, si bien extendió los tiempos, representó un paso positivo para consolidar una norma más robusta, participativa y coherente con los retos ambientales del país.

Bogotá, 6 de octubre de 2025 (@MinAmbienteCo) — El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reafirma ante la opinión pública que el proceso de reglamentación de la Ley 2173 de 2021, conocida como Ley de Áreas de Vida, se ha desarrollado de manera continua, transparente y ajustada a derecho. Desde 2022, la entidad ha adelantado una gestión normativa ininterrumpida, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 – que regula la publicidad y la participación ciudadana en la elaboración de normas -, y siguiendo procedimientos institucionales que garantizan su trazabilidad, validez jurídica y legitimidad en cada acto administrativo realizado.

La Ley 2173 ordenó reglamentar, la creación de Áreas de Vida y los programas de siembra de árboles con participación de la ciudadanía, las empresas y las autoridades locales. Si bien los plazos iniciales fueron superados, ello obedece a la necesidad de fortalecer el texto normativo y asegurar su coherencia con nuevos marcos legales, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 y el Decreto 1275 de 2024 sobre competencias ambientales de los pueblos indígenas.

Con el fin de garantizar la participación efectiva de todos los sectores, el Ministerio adelantó dos procesos amplios de consulta pública:

• Primera consulta pública: del 17 de junio al 2 de julio de 2024, con la recepción de más de 1.000 comentarios provenientes de empresas, academia, comunidades y autoridades ambientales.
• Segunda consulta pública: del 29 de agosto al 12 de septiembre de 2025, luego de introducir modificaciones sustanciales derivadas de las observaciones anteriores, lo que permitió recibir 769 aportes adicionales.

La segunda consulta pública no puede ser interpretada como una dilación, sino un paso adicional de transparencia para garantizar la legitimidad social y jurídica del acto normativo, en aplicación estricta de los principios de publicidad y participación consagrado en la Constitución y en la normativa vigente.

En esa misma línea, el Ministerio explicó de manera abierta los avances y desafíos del proceso durante audiencia celebrada el 18 de septiembre de 2025, convocada por iniciativa propia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Allí se expusieron los avances, el trabajo realizado y las razones técnicas y jurídicas que sustentan los tiempos requeridos. Posteriormente, los días 23 y 24 de septiembre se remitió al Tribunal la información solicitada y el informe de cumplimiento respectivo, en el marco del incidente abierto por un tercero interviniente.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene un carácter estrictamente institucional y se relaciona con el proceso de la ya mencionada Ley 2173 de 2021 que inició y debió culminar en administraciones anteriores. Esta medida corresponde a una obligación jurídica en curso que compromete a la entidad en su conjunto y recae en cabeza de la ministra únicamente en su calidad de representante legal de la entidad, mas no por hechos u omisiones atribuibles a su gestión personal.

En este contexto, la entidad continuará aportando las evidencias y los avances técnicos que demuestran una gestión permanente orientada al cumplimiento de los mandatos judiciales y a la construcción de una reglamentación sólida, participativa y ajustada a la ley.

Con ello, se reafirma el compromiso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el cumplimiento de la ley y con los principios de transparencia, participación y seguridad jurídica.