Por tercera vez, se reunieron en Bogotá los expertos nacionales e internacionales que están construyendo el diagnóstico de la información ambiental y social sobre la actividad minera y explotación ilícita de minerales en los ecosistemas del país, un proyecto de investigación liderado por el Ministerio de Ambiente.

El proyecto, que se enmarca en el cumplimiento de la sentencia T-445 de 2016 de la Corte Constitucional, cuenta con la articulación de una mesa de trabajo interinstitucional conformada por MinambienteMinambiente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los ministerios de Interior y Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, el Instituto Humboldt y la Contraloría General de la República, entidades a las que la Corte ordenó conformar la mesa con el objeto de construir la investigación que permita identificar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios.

“El proceso lleva más de un año de trabajo, en el cual se ha estructurado el alcance del proyecto, con la implementación de la metodología de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, además de la vinculación de expertos temáticos, locales y tradicionales que aportan su conocimiento y experticia en la discusión y análisis de la información disponible, que permita de forma objetiva y crítica tener el conocimiento exacto de las actividades”, señaló el director de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana de Minambiente, Fabián Torres.

A la fecha los expertos han avanzado en temas basados en líneas temáticas definidas como biodiversidad y servicios ecosistémicos, transformación física del territorio, relaciones sociales, gobernanza y derechos territoriales, determinantes en salud y políticas públicas, democracia y participación ciudadana. La coordinación interna es clave para que todos los autores interactúen y definan enfoques que permitan el análisis interdisciplinar y constructivo que genere preliminarmente un diagnóstico consolidado, que pueda ser retroalimentado por medio de una consulta pública que se realizará en el transcurso de este año.

Luis Madriñán, líder del capítulo Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, manifestó que este grupo lleva más de tres meses haciendo un trabajo intensivo, en cuanto a la recopilación de información de este tema en el país. “Hemos encontrado áreas con una gran cantidad de información, sobre todo en cuanto a proyectos licenciados. Y observamos también gran ausencia de información en cuanto a extracción ilícita de materiales. Hemos encontrado departamentos muy bien representados como Cesar y La Guajira, en la región Caribe; gran parte de Antioquia y los Santanderes y alguna información de mediana confidencialidad en Cauca, pero casi una ausencia de información en la vertiente del Amazonas, la cuenca del Orinoco e información extrapolada de otros lugares del mundo a Colombia”, aseguró el experto.

Madriñán agregó que en Colombia tenemos más de 200 tipos de ecosistemas, pero no en todos ellos existe actividad minera actualmente. “Estamos enfocándonos en los ecosistemas más amenazados, y para estos esperamos que en un mes tengamos unos resultados preliminares”, indicó.

Otro de los expertos participantes, Elías Pinto, geólogo e integrante del grupo de políticas públicas, sostuvo que han venido avanzando en el análisis de la información existente frente a las herramientas e instrumentos de políticas que inciden en los impactos ambientales de la minería. “Estos temas los abordamos en dos componentes: uno de la minería formal y el otro de la ilegal. Somos cinco expertos quienes tenemos componentes asociados a gobernabilidad, a las políticas que el país ha desarrollado, analizándolas desde los años 50 hasta la fecha, y considerando temas de ordenamiento, riesgo e impactos”, expresó.

Amparo Prada, representante de la Contraloría delegada para el sector ambiente, estuvo por su parte atenta a las diferentes inquietudes que los expertos manifestaron y aseguró que han realizado el acompañamiento desde hace un año y medio para garantizar el cumplimiento de la Sentencia, encontrando que se han logrado avances significativos en cada tema.
El gran reto de esta investigación es generar, no solo la articulación institucional y la vinculación de expertos en la construcción conjunta de un diagnóstico útil para la toma de decisiones, sino que además, permitirá la participación de la ciudadanía mediante aportes propositivos y vinculados con la información de todo el país, que cuenta también con el acompañamiento de un equipo garante integrado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BIDBID Banco Internacional de Desarrollo), que avalan el cumplimiento de los objetivos planteados.

Para mayor información sobre el cumplimiento de la sentencia T-445 de 2016, ingrese a: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/mineria/sentencia-t445-de-2016#documentos-relacionados