• Previo al Séptimo Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDBCDB Convenio sobre la Diversidad Biológica), especialistas en política pública priorizaron decisiones normativas y financieras para fortalecer la protección, uso y distribución justa de la biodiversidad.
• El proceso destaca la necesidad de que la biodiversidad se asuma como una política de Estado, involucrando a todos los sectores, niveles de gobierno y actores.

Bogotá, 27 de enero de 2025 (@MinAmbienteCo) – En un momento clave para el cierre del Séptimo Informe Nacional de Colombia ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con apoyo del programa Umbrella (GEFGEF Global Environment Facility-8) del PNUDPNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lideró una evaluación estratégica del cumplimiento de las seis Metas Nacionales del Plan de Acción de Biodiversidad (PAB) al 2030, con la participación de expertos nacionales en política pública.

Durante el encuentro, representantes del Instituto Alexander von Humboldt, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo (FCDSFCDS Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible), la Universidad Externado de Colombia, Gaia Amazonas, WWFWWF World Wild Found Colombia, Fundación Natura y la Embajada del Reino de Noruega coincidieron en que la implementación del PAB 2030 requiere pasar del enfoque sectorial a una acción efectiva de ‘Todo el gobierno y toda la sociedad’. Una de las principales conclusiones fue la urgencia de avanzar hacia un sistema de monitoreo en tiempo real, apoyado en la interoperabilidad de los sistemas de información de Colombia.

Los expertos señalaron que el Plan debe consolidarse como una política de Estado con un marco vinculante que garantice responsabilidades compartidas a sectores estratégicos como el agropecuario, energético y agroindustrial, y otros sectores donde se identifican reformas necesarias para impulsar los incentivos de conservación.

Además, este panel de expertos destacó el rigor científico en la formulación de las metas actuales del PAB 2030, como un elemento esencial para blindar la política pública frente a los cambios de gobierno y asegurar una hoja de ruta estable, basada en evidencia. Asimismo, se subrayó la necesidad de ajustes normativos y financieros que permitan a los Pueblos Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros, y comunidades campesinas y locales el acceso directo a financiamiento y una autonomía efectiva para implementar sus Planes Decenales de Biodiversidad.

En materia financiera, el análisis se centró en las transformaciones requeridas en la arquitectura financiera global para cerrar la brecha anual de financiamiento del país. Estos insumos fortalecerán las recomendaciones que Colombia presentará ante la comunidad internacional y refuerzan el enfoque de gobernanza participativa.

Finalmente, los expertos hicieron un llamado a fortalecer la dimensión marina y costera en la planificación nacional, superando una visión exclusivamente continental. Entre las recomendaciones clave se propuso integrar de manera explícita las áreas marinas y los archipiélagos en la Meta Nacional 1 del PAB 2030, diferenciando el ordenamiento territorial marino de las normativas terrestres.

Con este ejercicio, Colombia reafirma su liderazgo regional en la articulación entre biodiversidad y acción climática, y avanza en la construcción de una política pública integral que responda tanto a los desafíos territoriales como a los compromisos globales de la presente década.