Quibdó, Chocó. Febrero 20 de 2018. (MADS). Con criterios como la deforestación y la minería se priorizaron las áreas más afectadas por impactos ambientales, teniendo en cuenta las zonas donde hay asentamientos de comunidades, especialmente las accionantes de la Sentencia T-622 de 2016, que declara al río Atrato como sujeto de derechos.

“Con base en esos criterios se propusieron unas zonas de intervención, entre las que se destaca río Quito por su problemática asociada a la minería”, afirmó Norman Moreno, coordinador de la sentencia del río Atrato, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien además está acompañado en este plan de acción por el Instituto de Investigaciones del Pacífico (IIAPIIAP Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico), Codechocó y Corpourabá.

A estas entidades les corresponde acatar la orden que tiene que ver con el plan de descontaminación, “realizamos un convenio con el IIAP para tener insumos en cuanto a la caracterización del Atrato, identificación de áreas de priorización, de acuerdo a problemáticas ambientales y acciones para mitigación de estos impactos. La idea es que las corporaciones integren su capacidad técnica y los proyectos que tienen para realizar una propuesta de plan de acción conjunta, que será presentada a las comunidades y otras entidades para que hagan sus propuestas y aportes en la construcción de este plan”, dijo Moreno.

Las Corporaciones Autónomas Regionales están proporcionando los insumos y criterios para tener en cuenta las zonas en las respectivas jurisdicciones, “para todas las entidades es prioritario el trabajo con las comunidades y por eso estamos concertando con ellas. También tuvimos una reunión con la Gobernación para seguir trabajando en esa articulación con los entes territoriales, que se comprometieron a participar en el trabajo conjunto para la construcción de los planes de acción en el marco de la sentencia”, acotó el coordinador.

En este marco también se reunieron varias entidades del Gobierno Nacional con las comunidades y líderes de la comisión de guardianes con el fin de articular agendas entre las dos partes para el cumplimiento de la sentencia. Se definió la realización de talleres entre las entidades y las comunidades para la construcción conjunta de los planes de acción.

El Ministerio de Ambiente, además de liderar el plan de descontaminación, es el representante legal de los derechos del río y conforma la comisión de guardianes, junto con las comunidades.