Contexto

La inclusión de animales como sujetos de protección por parte del Estado, se ha promovido desde la Constitución Política de Colombia de 1991. No obstante, la legislación anterior ya había contemplado aspectos relacionados con el tema, como la creación de las Juntas Defensoras de Animales creadas mediante la Ley 5ª de 1972 y, lo consignado en la Ley 84 de 1989, la cual otorga a los animales especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre, además establece los actos de crueldad frente a los animales, derogando tácitamente esos actos de malos de tratos frente a los animales.

A partir del año 2016, se generaron normas desde la visión de la protección animal como seres sintientes, la cual ha sido acompañada por jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior ha conllevado a que la protección y el bienestar animal se visualice con mayor fuerza en la agenda política de diferentes municipios colombianos, de manera que entre los años 2016 y 2019 se vincularon iniciativas dentro de algunos planes de desarrollo, relacionadas con temas de salud pública, políticas y lineamientos de protección. Adicionalmente, la Ley del actual Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) estableció en su artículo 324 la necesidad de formular la política nacional de protección y bienestar de animales domésticos y silvestres, en un esfuerzo conjunto de cinco entidades del Gobierno nacional en coordinación con las demás entidades competentes.

Por lo anterior, con el liderazgo de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible apoyado por el Departamento Nacional de Planeación, se dirigió un proceso de construcción colectiva, donde participaron 16 entidades públicas de 12 sectores administrativos, rama judicial y entidad territorial. El documento de política pública proyecta acciones para el periodo 2022 – 2030, procurando atender la insuficiente cobertura en protección y bienestar de los animales en Colombia, vinculando en su desarrollo tanto a las entidades señaladas en la política, como a alcaldías municipales y distritales, gobernaciones, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil.