Los resultados alcanzados son fruto de más de siete meses de diálogo continuo, enfocado en armonizar la conservación de páramos y reservas forestales con la permanencia y el bienestar de las comunidades rurales.

Tunja (Boyacá), 20 de marzo de 2026 (@MinAmbienteCo) – El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación de Boyacá, lideró una mesa de diálogo con la Federación Nacional de Parameros Seccional Sierra Nevada del Cocuy, en torno al cumplimiento de los acuerdos de la movilización campesina de agosto de 2025 en Ventaquemada.

En la jornada, que contó con la participación de entidades del orden nacional, regional y local, así como de organismos garantes, se reafirmó el diálogo como principal herramienta para la construcción de consensos, en el marco de la Preventiva E-2025-115951 de la Procuraduría General de la Nación.

Este espacio fue clave para avanzar en la construcción de acuerdos para la gestión de los ecosistemas de páramo y el cuidado de las Reservas Forestales de Ley Segunda de 1959, garantizando la participación activa de las comunidades campesinas y los actores sociales interesados.

En consonancia, el encuentro permitió revisar y ajustar aspectos fundamentales de la Resolución 1275 de 2014, incorporando aportes de los actores para fortalecer el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección, siendo este un actor clave en la protección ambiental y la sostenibilidad de los territorios.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, destacó que este proceso es resultado de más de siete meses de trabajo continuo, en los que se han desarrollado múltiples espacios de diálogo orientados a armonizar la conservación de los páramos y las reservas forestales con la permanencia y el bienestar de las comunidades rurales.

“Hemos logrado un avance histórico: el acuerdo para derogar la Resolución 1275 de 2014, una norma que nació con vacíos de participación y que hoy transformamos para reconocer los derechos del campesinado. Esta nueva propuesta abre oportunidades reales, como el acceso al crédito en áreas de producción campesina, y refleja un nuevo modelo de relacionamiento entre el Gobierno Nacional y las comunidades, basado en el diálogo, la concertación y el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional”, afirmó la ministra.

En relación con la Resolución 1405 de 2018, que delimita el páramo Sierra Nevada del Cocuy, el Gobierno Nacional anunció el análisis de realización de un proceso de delimitación participativa, garantizando los derechos de las comunidades y del pueblo U’wa, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales. En este sentido, se reiteró que las decisiones se adoptarán con rigor técnico y jurídico, y con pleno respeto por los procesos de participación.

Por su parte, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino Villegas, resaltó la importancia de construir soluciones que reconozcan la realidad territorial y permitan al campesinado continuar su labor como garante de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

En el marco de la discusión, se ratificó que no es viable la revocatoria de la Resolución 1405 de 2018, debido a consideraciones jurídicas y ambientales, entre ellas la protección de los ecosistemas de páramo, la existencia de procesos en curso ante el Consejo de Estado y el reconocimiento del territorio ancestral ‘Zizuma’ del pueblo U’wa.

Uno de los principales avances del espacio fue el consenso en torno a la propuesta de zonificación, la cual contempla cuatro categorías de manejo ambiental y excluye expresamente del ámbito de aplicación los páramos delimitados, los resguardos indígenas, los territorios colectivos y las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPSINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas).

Asimismo, se alcanzaron acuerdos relevantes como:

• El fortalecimiento del enfoque de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, reconociendo su papel en la generación de ingresos, la seguridad alimentaria y la conservación del territorio.
• La inclusión de medidas para prohibir actividades mineras en la Reserva Forestal del Cocuy, con excepción de la minería de subsistencia de material de arrastre bajo condiciones específicas.
• La eliminación del carácter “transitorio” en algunos apartados de la propuesta normativa, con el fin de brindar mayor estabilidad jurídica.

El proceso también incorporó ajustes en la redacción normativa, incluyendo precisiones sobre el mínimo vitalVITAL Ventanilla Integral de Trámites Ambientales rural y la necesidad de armonizar la regulación ambiental con la realidad social, económica y cultural de las comunidades.

Al cierre del encuentro, las partes reiteraron su voluntad de continuar avanzando en la construcción colectiva de soluciones que permitan equilibrar la protección de los ecosistemas estratégicos con el desarrollo rural sostenible.

Finalmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destacó que estos espacios reflejan el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego con la participación, la transparencia y la construcción de acuerdos que dignifiquen la labor del campesinado y fortalezcan la gestión ambiental del país.

“Nuestro compromiso es claro: avanzar con transparencia, abrir nuevamente el proceso a comentarios ciudadanos y definir la ruta para una delimitación construida con la gente. Este Gobierno no dará un paso atrás en la defensa de los derechos del campesinado, de los pueblos indígenas y de los ecosistemas estratégicos del país”, puntualizó la ministra (e), Irene Vélez Torres.