• Ante la Corte Constitucional, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, defendió el decreto de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira y señaló que este departamento es una de las primeras líneas y fronteras climáticas del país, que necesita tener límites ambientales claros.
• Bajo el decreto, las fuentes hídricas de La Guajira se declaran de especial protección ambiental para darle prioridad al consumo de la población y garantizar su seguridad alimentaria.
• La situación de La Guajira es una crisis multicausal por factores que se acumulan de tipo social, económico y ambiental.

Bogotá, 11 de agosto de 2023 (@Minambienteco) – En su intervención en defensa de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, argumentó ante los magistrados de la Corte Constitucional que el agua en este departamento debe tener una especial protección ambiental para garantizar el consumo de las comunidades y su seguridad alimentaria.

La ministra también aseguró que el sector ambiente se está convirtiendo en el notario del desastre y no en el que debe prevenir situaciones de riesgo como lo señala la Constitución.

Así mismo, afirmó que la figura de emergencia aplica, entre otros, porque estamos ante un hecho sin precedentes en la escala ambiental y climática, esta amenaza se materializa en el territorio de La Guajira por su realidad geográfica, hecho que de mantener el estado de las cosas generaría una mayor vulnerabilidad para los niños y niñas; por esto se requiere actuar bajo este enfoque.

De igual manera, comentó que se establecerán diferentes enfoques sobre el agua subterránea, como profundizar el conocimiento de estas aguas a la vez que se trabaja con las comunidades Wayuu; reducir el tiempo de los trámites a una tercera parte para priorizar el agua potable en economías campesinas familiares; y revisar las 1.600 concesiones que están en CorpoguajiraCorpoguajira Corporación Autónoma Regional de La Guajira para definir cuál es su estructura ambiental y priorizarlas para el momento de escasez.

“En este momento hay 15 solicitudes que prácticamente multiplican por dos la frontera extractivista del carbón en La Guajira, en un territorio altamente vulnerable al cambio climático y con pocas fuentes hídricas. Hoy hay 87.000 hectáreas en operación y si siguiéramos por el camino regular de la licencia y el título, podríamos estar otorgando 60.000 hectáreas adicionales de explotación carbonífera de acuerdo con las solicitudes. No podemos hacer eso como Estado hasta que tengamos el conocimiento de los impactos en el agua y esto lo hacemos como principio de precaución ambiental”, comentó la Ministra.

En su intervención, la Ministra anunció que se tomó la decisión de hacer una evaluación ambiental estratégica de La Guajira y explicó que esto va en concordancia con el ordenamiento territorial alrededor del agua. Es decir que esta iniciativa permitirá a través de una evaluación estratégica vinculante, influir en la toma de decisiones del Gobierno Nacional y los gobiernos locales que permita reaccionar de manera resiliente emergencia tras emergencia y no como sucede ahora.

En este sentido, Muhamad que se está aplicando el principio de precaución ambiental para que, a través de una evaluación estratégica, se pongan determinantes ambientales que unifiquen los instrumentos de planificación que vinculen presentes y futuras actividades como el turismo, la transición energética, entre otros, bajo límites ambientales claros en una de las primeras líneas y fronteras climáticas del país.

En el marco de esta defensa de la declaratoria de emergencia, el presidente Gustavo Petro resaltó que la crisis climática, especialmente en el extremo norte del país, tenderá a agravarse abriendo la puerta a la posible sequía más grande en siglos de la historia de Colombia en el norte de La Guajira, hecho que sustentó, Paola Arias, científica experta quien es parte del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCCIPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático).