Antecedentes
A comienzos de los noventa, se presentó en el país una crisis en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, por lo cual se planteó como alternativa de solución, un modelo en el que se sanearan los pasivos y se crearan empresas mixtas que despolitizaran las administraciones de las mismas. A pesar de las bondades del esquema, no fue suficiente ni arrojó los resultados esperados, en términos de mejoramiento en materia de cobertura y continuidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Con la Constitución Política de 1991 se promovió la competencia en el mercado como mecanismo para elevar los estándares de eficiencia de las empresas prestadoras de servicios. De manera complementaria, la Ley 142 de 1994, promovió la implementación de esquemas de prestación del servicio con participación de terceros, facilitando el ingreso a los primeros operadores especializados internacionales.
El 11 de febrero de 1998, con la firma de una Enmienda al Proyecto de Desarrollo Municipal con el Banco Mundial, Crédito 3336 - CO, se creó el Programa de Modernización Empresarial -PME-, que tenía por objetivo proveer asistencia técnica a los entes descentralizados (municipios y departamentos) para vincular al sector privado a la competencia por la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico.
En particular se pretendía implementar procesos de participación privada en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en por lo menos 5 ciudades intermedias (100.000 a 500.000 habitantes)[1]; apoyar la participación del sector privado en la conformación y el fortalecimiento de esquemas regionales para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, que generaran economías de escala y facilitaran adicionalmente la regulación y el control de las entidades prestadoras del sector.
Así mismo, a partir del PME se pretendía apoyar técnicamente a los niveles nacional y local de Gobierno con el objetivo de que se promoviera en forma adecuada la política de participación privada y así mismo, se mejorara la calidad y cobertura de los servicios a costos de eficiencia, entre otros objetivos.
El crédito se llevó a cabo hasta que los recursos se agotaron y entró una nueva fase del PME con la firma del Crédito 7077 con recursos para inversión. Por decisión del Gobierno Nacional el Programa se orientó a la Costa Atlántica del país y se definieron dos tipos de esquema para la vinculación de operadores privados: el contrato de Operación con Inversión y el contrato Constructor Operador.
Sin embargo, a pesar de las bondades del PME, el MAVDT vio la necesidad de definir un nuevo esquema que redunde en una estructura de la industria más compacta, un mayor aprovechamiento de economías de escala y menor atomización de los recursos invertidos.
De esta manera se idearon los Planes Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico.